Parece ser que dentro de poco conoceremos ¡por fin! los auténticos planes de Gobierno respecto a la reforma fiscal. Bueno es apostar por que en ellos se materialice la rebaja impositiva comprometida desde 2011, y que se haga con una dimensión mayor que las subidas registradas desde entonces, de modo que en 2015 los españoles suframos un sistema tributario menos agresivo que el de aquel año. Una reducción como la expuesta resulta obligada por ética democrática (cumplir promesas electorales), pero también por razones de libertad, pues ésta y la fiscalidad caminan en direcciones contrarias.
La fiscalidad constituye objetivamente una merma de la libertad individual. Con cada euro que se detrae tributariamente a un ciudadano se hurta la decisión sobre el destino de lo detraído a quien lo generó con su esfuerzo y/o riesgo, para entregársela al que lo detrae sin uno ni otro. La fiscalidad también reduce la libertad económica, pues el coste fiscal generado limita o imposibilita, según los casos, las opciones de emprendimiento e inversión empresarial. Pues bien, la disminución de libertad sufrida por los españoles en los últimos años, aumentándoles la fiscalidad, ni siquiera ha servido para el objetivo pretendido de incrementar la recaudación, pues la de 2013 fue similar a la de 2012 (crecimiento de un 0,2%). Esperemos que la capacidad del ministro Montoro y de su equipo les conduzca a devolvernos con la reforma la libertad previamente sustraída. Y puestos a ser optimistas, expresemos como esperanza adicional que los rectores de la Hacienda Pública aborden también algún día la otra reforma fiscal. Y que pongan remedio al resto de problemas endémicos de la fiscalidad española: la complejidad de las normas tributarias; su variabilidad; la agresividad con la que se aplican; la litigiosidad que se genera; la eternidad con la que se resuelven y la ejecutividad de la deuda fijada por la Administración.
Dado que los propios Tribunales Económico Administrativos del Ministerio de Hacienda resuelven que en el 50% de los casos reclamados, la veracidad presumida resulta sostenible (en términos éticos, de justicia y operativos) mantener la citada presunción.
Ignacio Ruiz-Jarabo
Presidente de la Asociación del Club del Asesor (Adecla)
Artículo publicado en el periódico La Razón en su edición impresa del Domingo 8 de junio de 2014.