Según ha hecho público recientemente, el Sindicato de los Técnicos de Hacienda (GESTHA) considera que en España está creciendo la economía sumergida (y, consecuentemente, el incumplimiento tributario) llegando a estimar que, en la actualidad, alcanza el 24% del PIB, habiendo crecido un 6% en los últimos años.
Según GESTHA, son varias las causas que provocan lo expuesto. Entre ellas, se encuentra la agudeza de la actual crisis económica, lo que resulta especialmente significativo. De acuerdo a los datos que ha proporcionado aquélla, en la distribución geográfica de los datos, existe existe una correlación positiva entre el porcentaje de economía sumergida y el nivel de desempleo: a más paro, mayor incumplimiento de las obligaciones tributarias.
Lo anterior viene a ratificar algo que venimos manteniendo desde hace tiempo. El llamado fraude fiscal no es, en muchos casos, sino una decisión económica de pura supervivencia, por la que el autónomo o la micro pyme, asfixiados por la constante y generalizada subida de impuestos, así como por la intensificación del pressing ejercido por la Agencia Tributaria, recurre a la última opción que le queda, sacando a su actividad empresarial (en todo o en parte) del circuito oficial y procede a sumergirla.
Hete aquí la paradoja. Es la propia Hacienda Pública la que, con sus decisiones (subir impuestos), y sus políticas (pressing de la AEAT), induce a los incumplimientos tributarios y, en definitiva, se auto provoca la consecuente pérdida recaudatoria. En definitiva, se está pegando un tiro en el pie.
Lo malo es que, en al camino, también hiere al pequeño empresario español. Valga un reciente ejemplo. Desde primeros de año, la Agencia Tributaria ha endurecido la política de aplazamientos: ya no se aplazan las retenciones de trabajo, los plazos para el pago se limitan a tres años, las cuotas han de ser lineales … Pero, la pregunta es inevitable ¿Qué se pretende?. ¿Disparar aún más el crecimiento de la economía sumergida? ¿Multiplicar los concursos de acreedores? ¿Acabar con las pymes españolas?
Si no fuera dramático lo expuesto, resultaría divertida la justificación dada por los responsables a lo anterior. Según ellos, habría contribuyentes que abusaban del instrumento del aplazamiento. Pues bien, que combatan el abuso (¿de un 1%, de un 2%, de los deudores?), y no condenen al conjunto de los deudores.