Mediante las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios del Gobierno a la Proposición de Ley para el establecimiento de gravámenes temporales energético y de entidades de crédito, se pretende introducir:

  • Un nuevo impuesto temporal de solidaridad sobre las grandes fortunas, o impuesto a los ricos, que afectará a las personas físicas que tengan un patrimonio neto superior a 3 millones de euros. Viéndose afectados unas 23.000 personas
  • Una modificación en la regulación del Impuesto sobre el Patrimonio, para que deban tributar por este impuesto las entidades no residentes cuyo activo esté constituido, de forma directa o indirecta, en, al menos, el 50%, por bienes inmuebles situados en territorio español.  

El pasado 22 de septiembre, la ministra de Hacienda María Jesús Montero anunció que el Gobierno había alcanzado un acuerdo para la creación de un nuevo tributo.

En aquel momento se dejó claro que se aprobaría en 2023 y que por tanto no empezaría a recaudarse hasta 2024, pero esta semana Hacienda ha confirmado que se aprobará este año y comenzará a pagarse ya el próximo año. En total, el Gobierno espera ingresar unos 3.000 millones de euros durante los dos años que en principio estará en vigor